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La pandemia generada por el COVID19 está provocando graves consecuencias económicas que, sin duda, van a afectar al ámbito de las obligaciones contractuales y legales, igualmente en materia de Propiedad Horizontal y Derecho. Las medidas urgentes adoptadas por el Gobierno en el ámbito crematístico no contemplan, fuera de para colectivos vulnerables y determinados supuestos muy concretos, medidas de protección en el ámbito de las obligaciones contractuales y legales, por lo que en el resto de casos no previstos entre las citadas medidas seguirá vivo el principio del Derecho pacta sunt servanda (lo acordado se ha de cumplir) y no acordará otra que personarse, en caso de controversia, a la previsión admitido relativa al caso fortuito o fuerza longevo, cuando lo que se pretenda sea la liberación del deudor por imposibilidad sobrevenida para cumplir con lo pactado (que no aplica respecto de las obligaciones dinerarias y, sólo en determinadas circunstancias, respecto de las obligaciones de atinar y de hacer) y a la jurisprudencial relativa a la alboroto de circunstancias sobrevenidas (cláusula rebus sic stantibus), que normalmente se viene aplicando para reequilibrar las prestaciones por alboroto sustancial de las bases contractuales para evitar la excesiva onerosidad derivada de dicha alboroto no prevista en el convenio, aunque en algunos casos también tiene bienes resolutivos o extintivos. Incidencia en materia de Propiedad Horizontal En el caso de las Comunidades de Propietarios, estas deberán cumplir o hacer cumplir, según el caso, aquellos contratos en los que sean parte, teniendo muy presente la aplicación, cuando haya controversia, de las citadas previsiones (pacta sunt servanda, caso fortuito, fuerza veterano, rebus sic stantibus), en función del tipo de obligación (dineraria, de alcanzar o de hacer) y de la afectación que la crisis del COVID19 produzca en relación al cumplimiento de here esta, por lo que lo primero que tendrán que hacer es determinar cuales son las obligaciones a cumplir o hacer cumplir y la normativa específica aplicable al respecto, si existe o no previsión contractual respecto a la responsabilidad o su acotación, y en caso de que sea posible, renegociar con la parte contraria las condiciones de cumplimiento de las mismas adoptando medidas dilatorias (aplazamiento, suspensión, etc) y/o tendentes a mitigar los daños, para procurar con ánimo solutorio la pronta resolución de las posibles controversias en caso de incumplimiento o atraso en el cumplimiento. Respecto de las obligaciones de naturaleza no contractual, sino lícito, excepto en aquellos supuestos precisos previstos en la normativa adoptada por el Gobierno para intentar ablandar las consecuencias económicas del COVID19, las Comunidades de Propietarios deberán seguir cumpliéndolas si no quieren ser sancionadas.

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